Si bien, algunos historiadores han documentado normas de carácter ambiental expedidas en el siglo XIX (e incluso mucho antes), fue en la segunda mitad del siglo XX cuando de manera notable (a nivel global) se empezó a abordar la necesidad de gestionar la relación de la humanidad con la biósfera, en atención a los crecientes problemas ambientales que en ese entonces ya se comenzaban a manifestar con intensidad.
Desde ese momento, ha sido mucho lo que se ha propuesto en relación a la conservación de los ecosistemas: se han firmado convenios internacionales, la legislación se ha hecho más estricta, se ha diseñado una gran variedad de instrumentos de gestión enfocados a este tópico, se ha incorporado concienciación ambiental en las instituciones de educación, se han creado organizaciones de protección del ambiente, entre otras. Sin embargo, también han sido bastantes las dudas y los mitos que han surgido sobre este tema.
De forma particular, un aspecto en el cual se ha hecho énfasis en los últimos años es el correspondiente a la responsabilidad que atañe al sector privado en la afectación del ambiente. Sin duda alguna, las empresas (como evidentes usuarias de los servicios ecosistémicos) tienen incidencia directa en el estado del ambiente. Muestras de ello son los retumbantes casos en los cuales la ejecución de algunos proyectos productivos afecta de manera clara y a una gran magnitud, la calidad del aire, del agua, del suelo y/o de la salud de una comunidad (derrames de hidrocarburos, emisiones de gases tóxicos, contaminación de fuentes hídricas, entre otros).
Por lo anterior, se ha resaltado la necesidad de que las empresas incorporen en sus actividades lo que se conoce como Gestión Ambiental Empresarial. Es decir, adoptar medidas que prevengan, mitiguen, corrijan y/o compensen los posibles impactos negativos que los procesos productivos llevados a cabo por la empresa (y los productos mismos), causen al sistema socio-ecológico.
Pero la Gestión Ambiental Empresarial, no ha sido una excepción en cuanto a la generación de mitos se trata. A continuación, se analizan los más comunes:
- 1. La responsabilidad de implementar Gestión Ambiental Empresarial es sólo aplicable para las grandes empresas
Es una percepción usual el hecho de pensar que únicamente las empresas de gran tamaño inciden considerablemente en la afectación del ambiente. Se cree que por el amplio alcance de sus actividades, la enorme cantidad de recursos utilizados, los grandes volúmenes de desechos generados e incluso su apreciable capacidad financiera, sólo este tipo de compañías causan efectos adversos relevantes y por lo tanto son las que deben implementar medidas de manejo ambiental en la operación del negocio.
Sin embargo, la realidad es que el funcionamiento de toda empresa (independientemente de su tamaño o tipología) conlleva aspectos ambientales (uso de recursos y generación de residuos) que, por leves que sean, generan impactos en algún componente del ecosistema. Esta situación le otorga la responsabilidad de adoptar medidas de gestión ambiental a todas las empresas, sin excepción.
Lo anterior, es plasmado en la legislación ambiental colombiana por medio del decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones.
Además, es de considerar que de acuerdo con estudios internacionales, las pequeñas y medianas empresas (PYME) son las más numerosas, las que generan más empleo y las que más riqueza producen a nivel mundial. En Colombia, según datos del DANE, las PYMES representan alrededor del 69% del total de empresas del país, y, de acuerdo con datos de BANCOLDEX, aportan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.
Lo anterior es evidencia de la importante representatividad en la economía nacional e internacional que tienen las empresas que no son grandes, y así mismo da un referente de la incidencia que las mismas (en conjunto) tienen en la transformación o conservación del ambiente.
- 2. La Gestión Ambiental Empresarial es una carga económicamente costosa para las compañías
A pesar de que los niveles de conciencia ambiental han ido incrementándose, aun es común encontrar recelo acerca de la implementación de gestión ambiental en empresarios. Hay quienes aseguran que les supone una carga económica que no pueden sostener.
No obstante, la Gestión Ambiental Empresarial ha demostrado en numerosas ocasiones que en realidad no supone un gasto, sino que resulta ser una inversión rentable.
Medidas de manejo ambiental como las que buscan la reducción del uso de recursos (energía, insumos, agua, entre otros) conducen, a mediano o largo plazo, a un ahorro de dinero importante para la empresa. Además, dicha gestión blinda a las empresas de ser sujetas a medidas preventivas y/o sanciones por parte de las autoridades ambientales, a causa del incumplimiento de las normas ambientales existentes, lo cual les acarrearía enormes gastos.
Por lo anterior, si se realiza un análisis de costo-beneficio, implementar Gestión Ambiental Empresarial resulta conveniente y económicamente viable para las compañías.
- 3. Los requerimientos ambientales son una limitación al desarrollo económico
Tal vez el mito que más inquieta a los actores económicos es el que supone que las normas ambientales constituyen un obstáculo o una limitación al crecimiento económico. Se tiene un pensamiento dicotómico que consiste en que si se pretende impulsar el desarrollo de un territorio no se puede conservar su ecosistema, y si se procura conservar el ecosistema es imposible impulsar el desarrollo.
Mucho es lo que se ha escrito al respecto. Sin embargo, es de resaltar el concepto de Desarrollo Sostenible que desde 1987 (Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo) se definió como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”.
Dicha definición permite inferir que, al contrario de lo que se piensa, sólo es posible mantener un desarrollo económico sostenido en el tiempo si se evita agotar la base sobre la cual está fundamentado.
En realidad, las regulaciones y requisitos de la normatividad ambiental buscan mantener un desarrollo sostenible, es decir, evitar que los recursos y servicios ecosistémicos que brinda el ambiente se deterioren o agoten, con lo cual la sociedad se quedaría sin la fuente de la cual obtiene los insumos para efectuar las actividades productivas que favorecen su desarrollo.
Es posible lograr el desarrollo de un territorio si este se acoge a las dinámicas de su ecosistema.